Certificado de amianto para vender o alquilar en Cataluña

El 3 de octubre de 2026 entró en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto, y con ella una obligación que hasta ahora no existía en ningún punto de España: para vender o alquilar un inmueble en Cataluña hay que entregar un certificado que diga si tiene amianto o no.

Funciona de forma parecida al certificado de eficiencia energética —un documento técnico que se suma a la carpeta de la operación—, pero con una diferencia importante: este acaba inscrito en el Registro de la Propiedad, así que deja de ser un papel de la firma para convertirse en un dato permanente del inmueble.

Qué es exactamente el certificado

El artículo 21 de la ley lo define como el documento que informa sobre la presencia o ausencia de amianto en un inmueble en el momento de su emisión. Esa coletilla no es retórica: el certificado retrata el edificio en una fecha concreta y no garantiza nada sobre lo que se instale o se descubra después.

Mientras no se publique el reglamento que lo desarrolle, el certificado debe acreditar como mínimo tres cosas:

• Si hay amianto visible en el inmueble, y dónde está.
• Su estado de conservación: si el material está íntegro o degradado.
• El riesgo que pueda comportar para las personas.

En la práctica eso se traduce en una inspección visual del inmueble por parte de un técnico, la identificación de los elementos sospechosos —cubiertas de fibrocemento, bajantes, depósitos, aislamientos, canalizaciones— y, cuando hay dudas, la toma de muestras y su análisis en laboratorio.

Quién puede firmarlo: la pregunta que la ley deja abierta

Aquí conviene ir con cuidado, porque circula mucha información equivocada. El artículo 21.3 dice literalmente que «las características y la competencia para la emisión del certificado deben determinarse por reglamento». Y ese reglamento todavía no se ha publicado.

Dicho de otra forma: a día de hoy la norma no ha designado un colectivo concreto como único habilitado. Si alguien te dice que solo él puede emitirlo, o que su inscripción en un registro le da esa exclusiva, no es cierto todavía.

Queda inscrito en el Registro de la Propiedad

Esta es la parte que más cambia el juego y la que menos se ha contado. La ley prevé que la certificación sobre la presencia de materiales con amianto conste en el Registro de la Propiedad al inscribir la transmisión onerosa de la finca.

Hasta ahora, que un edificio tuviera fibrocemento era un dato opaco: lo sabía quien subía al tejado. A partir de aquí queda enganchado al historial registral del inmueble y alimenta además el Censo catalán de materiales que contienen amianto (artículo 19), que es un registro público. El comprador, el banco y la aseguradora lo van a ver.

¿Obliga a retirar el amianto para poder vender?

No. La ley no condiciona la venta ni el alquiler a haber retirado el material. Si el amianto está en buen estado y no supone un riesgo directo, la operación se puede cerrar con el certificado que declara que está ahí.

Lo que cambia es la negociación. Un comprador que lee «cubierta de fibrocemento, 240 m², estado degradado» hace una cuenta inmediata: lo que va a costarle quitarlo. Y esa cifra sale del precio de compra. Por eso, en muchos casos, sale más a cuenta retirarlo antes de poner el inmueble en el mercado que descontarlo después.

2028 y 2032: lo que la ley dice de verdad

Vas a leer en muchos sitios que la ley «obliga» a erradicar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y de todos los edificios antes de 2032. Conviene matizarlo, porque la diferencia importa si estás planificando una obra:

• Esas dos fechas aparecen en el preámbulo de la ley, recogiendo la recomendación y el objetivo marcados a nivel europeo.
• No hay ningún artículo que imponga una fecha límite general de retirada para un inmueble privado.

Que no haya una fecha en el articulado no significa que no haya presión: el censo, la obligación de comunicar la presencia de amianto y la certificación registral empujan en la misma dirección, y la obligación inmediata de actuar sigue apareciendo cuando el material está degradado o se va a intervenir sobre él.

Qué pasa si no se entrega

La ley trae su propio régimen sancionador (artículo 54), con tres tramos:

• Leves: de 100 a 3.000 €.
• Graves: de 3.001 a 30.000 €.
• Muy graves: de 30.001 a 100.000 €.

A eso se suman multas coercitivas de 150 a 3.000 €, reiterables cada seis meses, para forzar el cumplimiento de una obligación pendiente. Y, al margen de la multa, está el riesgo civil: ocultar un vicio conocido en una compraventa es terreno abonado para una reclamación posterior.

Qué hacer si vas a vender o alquilar en Cataluña

1. Sitúa la fecha del edificio. Si es anterior a 2002 —cuando se agotó el plazo de uso del amianto en España—, hay que dar por hecho que puede tenerlo. Si es posterior, el certificado suele resolverse con la inspección y poco más.
2. Encarga la inspección con tiempo. Si hay que tomar muestras, entra un laboratorio de por medio y el informe no sale el mismo día. No lo dejes para la semana de la firma.
3. Si sale positivo, pide presupuesto de retirada. Aunque no vayas a retirarlo, el número te sirve para negociar: es exactamente el que va a hacer el comprador.
4. Si decides retirarlo, solo con empresa RERA. Con plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral y certificado de gestión del residuo. Lo detallamos en las obligaciones antes de tocar un tejado de fibrocemento.
5. Guarda el certificado de retirada. Es lo que acredita que el inmueble ha quedado libre de amianto, y lo que convierte un «sí, tenía» en un «sí, tenía, y aquí está la prueba de que se quitó bien».

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